Uno de los principales problemas a los que se ven enfrentados miles de neoyorquinos que han estado presos, o han sido condenados en el pasado, es el estigma con el que la sociedad los marca por haber estado en prisión o dentro del sistema de justicia criminal.
Así lo denuncian exreclusos como Héctor López, quien estuvo privado de la libertad durante cinco años, y quien afirma sentir a diario en los dos años que lleva libre, “pesados grilletes”, que le han impedido conseguir un buenos empleo, pues en los trabajos a los que ha aplicado, debe revelar su historial judicial o someterse a una verificación de antecedentes, lo que le reduce considerablemente las opciones de ser contratado.
Y justo cuando en Albany se están discutiendo urgentes iniciativas de ley, antes de que termine la actual sesión legislativa el 8 de junio, un reporte de la oficina del Contralor Municipal, Brad Lander, reveló que si aprueban la llamada ley de “Borrón y cuenta nueva”, que busca sellar automáticamente antecedentes penales para quienes sean elegibles, cuando cumplan sus penas, esto cambiaría la vida de por lo menos medio millón de neoyorquinos, mayormente negros y latinos cuando la tasa de desempleo del primer trimestre de 2023 en la ciudad para afroamericanos fue del 12,5% y del 6,1% para hispanos, muy por encima del 5,4% del total de la población. Se estima que en general, incluyendo a aquellos que cumplieron sus condenas y que ya no están en edad laboral, la legislación pudiera impactar a entre 2.3 y 2.7 millones de personas, a nivel estatal.
Lander destacó que el estudio adelantado por su oficina mostró que los beneficiados con esa movida, podrían ganar de manera colectiva más de $2,400 millones de dólares en salarios anuales y urgió al Gobierno estatal de Nueva York a que no ignore esos datos y las disparidades que hay entre minorías con el resto de la población.
“Si una persona cometió un delito y cumplió su condena, su historial pasado no debe convertirse en una barrera para obtener un trabajo, un título o una vivienda”, aseguró el Contralor de la Ciudad de Nueva York, quien se refirió a la ley como una herramienta para combatir inequidades que pululan en la Gran Manzana y al mismo tiempo para impulsar la economía.
“La aprobación de la Ley de Borrón y cuenta nueva cerraría la brecha de empleo para las comunidades de color de la ciudad de Nueva York y, a su vez, medio millón de neoyorquinos contribuiría al panorama económico de nuestra ciudad”, dijo Lander, destacando que Latinos y negros son los más afectados con su paso por el sistema penal. “Obtener empleo es una forma comprobada de detener la puerta giratoria de nuestro sistema carcelario y avanzar hacia un sistema de verdadera justicia y libertad económica”.
La Ley de “Borrón y cuenta nueva”, conocida en inglés como “Clean Slate”, sellaría los antecedentes penales de personas involucradas en el sistema de justicia, solamente después de completar la libertad condicional o la libertad condicional y un tiempo de 3 años en caso de delitos menores y 7 años por delitos graves.
Con su implementación, neoyorquinos anteriormente condenados, no tendrían que revelar su pasado judicial al solicitar un empleo ni aparecería su información en una verificación de antecedentes. Cifras compartidas por la Contraloría muestran que desde 1990, el 42,4% de neoyorquinos con condenas son negros y el 36,9% son latinos, con más del 50% con una o dos penas en sus registros.
La asambleísta estatal Catalina Cruz, patrocinadora del proyecto de ley en la Cámara baja de Albany, ha reconocido que la iniciativa tendría un impacto en los salarios de quienes han estado en el sistema judicial, pero también a una escala mayor.
“Asegurando que haya más personas trabajando, estamos ayudando también a la economía, porque va a haber más recaudo de impuestos, más poder adquisitivo, al tiempo que hacemos más seguras a las comunidades… estudios, tras estudios muestran que si ponemos de regreso a estas personas a trabajar, la reincidencia baja”, dijo la asambleísta, quien explicó que el récord criminal no se borra por completo, sino que se sella solo para asuntos de trabajo y busqueda de vivienda, y recalca la importancia que tiene en mejorar la seguridad.
“A quienes les preocupa la seguridad pública, sabemos que la forma de mantener segura a la comunidad es hacer que la gente vuelva a trabajar, pues las estadísticas muestran que la reincidencia está completamente ligada a la capacidad de alguien para mantener a su familia y ganarse la vida”, aseguró la líder política de Queens, aclarando que el beneficio no aplicaría para todos los ex reclusos, y seguiría permiendo que las autoridades, fiscalías, y fuerzas del orden público accedan a los historiales penales, como parte de investigaciones.
Ismael Díaz Jr., líder del Centro de Alternativas Comunitarias, reveló que tras pasar casi una década en prisión, le fueron negados empleos, incluso en limpieza, por seis años después de cumplir su condena.
“Tenemos toda una vida de rechazo (por tener historial judicial). Es el fin de acceso a vivienda y empleo, lo que vuelve imposible ganarse la vida y cuidar a nuestras familias”, aseguró el activista, quien coincide en que aprobar la ley de “Borrón y cuenta nueva”, no solo es un acto de justicia sino que mejora las condiciones económicas de quienes han recuperado su libertad y amplía el flujo de dinero.
El reporte del Contralor Lander explicó que aunque el impacto a largo plazo de aprobar la ley de ” borrón y cuenta nueva” podría beneficiar a miles de neoyorquinos, se estima que unas 318,000 personas con un delito menor y 224,000 personas con delitos más serios, serían automáticamente elegibles para la eliminación completa de su historial judicial.
“De esas personas posiblemente elegibles, se estima que 417,000 están en edad de trabajar”, agregó el reporte, que además asegura que de acuerdo a datos de la universidad John Jay College, poco menos de 745,000 personas tienen una condena penal entre 1980 y 2019 en la ciudad y el 44% tiene solo una condena por un delito menor.
“El proceso para sellar antecedentes penales en el estado de Nueva York creado en 2017 no coincide con la urgencia ni la magnitud del problema. Los solicitantes deben soportar un largo y costoso proceso de solicitud y revisión. Solo el 0.2 por ciento de los neoyorquinos que son elegibles para sellar antecedentes penales lo han hecho con éxito”, advierte en reporte, que define la iniciativa de “borrón y cuenta nueva”, aprobada por el Senado estatal, pero no por la Asamblea todavía, como “una reforma de sentido común que brindará a los neoyorquinos involucrados en la justicia oportunidades de empleo, educación y vivienda”.
En el informe, la Contraloría advirtió que ciertos delitos, incluidos los delitos sexuales, no están incluidos dentro del borrón de antecedentes, y agregó que “todos los registros permanecerán disponibles para los empleadores en campos sensibles como la educación, el cuidado de los ancianos y la seguridad pública”.
Asimismo, el reporte del Contralor sobre el impacto que tendría la implementación de la ley, apoyada por grupos como JP Morgan Chase, Microsoft y Verizon, hizo referencia a que los salarios devengados, pueden aumentar hasta 22%, como lo advierte otro estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, estado que dio luz verde a una iniciativa similar.
La organización Clean Slate Coalition se sumó al llamado de la Contraloría Municipal para que se de vía libre a la ley de “Borrón y cuenta nueva” y aseguró que Albany no puede seguir dilatando la aprobación de la norma.
“Ahora es el momento de aprobar la Ley de Borrón y cuenta nueva. Esta legislación histórica terminaría con el castigo perpetuo que enfrentan más de 2 millones de neoyorquinos debido a una condena previa”, aseguró la coalición, en un comunicado, destacando que la iniciativa cuenta con amplio apoyo de diferentes sectores y empleadores, que requieren mano de obra. “Con un apoyo abrumador en todo el estado, incluso recientemente de National Grid y Con Edison, ahora es el momento de romper los ciclos de pobreza intergeneracional y permitir que todos los neoyorquinos se mantengan a sí mismos y a sus familias. Clean Slate brindará alivio a los neoyorquinos que han sido excluidos de oportunidades económicas, vivienda estable y educación superior durante demasiado tiempo”.
Paul Zuber, vicepresidente ejecutivo del Consejo Empresarial del Estado de Nueva York, también apoya la medida. “Mantener a las personas anteriormente encarceladas fuera de la fuerza laboral y la vivienda es una carga para la economía y conduce a una pérdida de $78,000 millones y $87,000 millones en ingresos nacionales cada año. La aprobación de la ley de Borrón y cuenta nueva generaría un ingreso adicional estimado de $7,100 millones para el estado anualmente”, aseguró Zuber, advirtiendo quedaría un impulso a la fuerza laboral de Nueva York, donde se estima hay medio millón de puestos vacantes. “¿Por qué mantener a la gente fuera de la economía? No tiene sentido”.
Reporte del Contralor sobre beneficios de aprobar ley de “Borrón y cuenta nueva” en cifras
- 500,000 neoyorquinos que han purgado condenas y tienen historial judicial se beneficiarían en NYC
- $2,400 millones de dólares en salarios conjuntos se generarían en un año
- Ayudaría a luchar contra el desempleo de NYC estimado en 12,5% entre negros y 6,1% entre latinos
- 2.3 y 2.7 millones de personas se beneficiarían en todo el estado.
- 42,4% de neoyorquinos con condenas en NYC son negros
- 36,9% de personas con condenas son latinos
- 50% y mās tienen una o dos penas en sus registros
- 318,000 personas con un delito menor se beneficiarían en la Gran Manzana
- 224,000 personas con delitos más serios, podrían borrar sus antecedentes en NYC
- 417,000 potenciales beneficiarios están en edad laboral
- 44% tiene solo una condena por un delito menor
- 0.2% de los neoyorquinos que son elegibles para sellar antecedentes penales lo han hecho con éxito, pues la ley actual no lo hace de manera automática cuando purgan sus penas sino que requiere un largo y costoso proceso de solicitud y revisión
- 500,000 trabajos vacantes se estima hay actualmente en Nueva York
