Manuel Céspedes vivió un doloroso momento en el 2012, luego de que su abuela de 83 años fuera atropellada mientras caminaba por las calles de Jamaica, en Queens, y tras ser atendida en un hospital local de la Gran Manzana durante varios días, finalmente falleció, según afirma la familia del peruano, en un caso evidente de muerte por negligencia.
Pero al drama que significó la pérdida de la “reina de la casa”, se le sumó que al momento de intentar pelear una compensación económica justa, no solo no contaron con abogados que los ayudaran a guíar, sino que debido a que la víctima era una mujer mayor, que no trabajaba ni devengaba ningún tipo de pensión, las opciones de recibir un alivio económico decente eran pocas, al igual que ocurre con víctimas infantiles, que no representan ningún sustento financiero en un hogar.
“Nos dolió saber que la ley le da valor a las personas solo por lo que ganan y lo viejas o jóvenes que sean, sin importar el dolor y el daño emocional que sus muertes causen en los parientes, como pasó con nosotros, que nunca volvimos a ser felices como éramos antes, no solo porque mi ‘tata’ se murió sino por la manera tan terrible y negligente en que se dieron las cosas”, aseguró el peruano, con frustración.
Bajo la norma actual, los tribunales no consideran el dolor emocional al momento de calcular cuánto pueden recibir los seres queridos de una víctima de muerte por negligencia, pues lo que se toma en cuenta mayormente son los posibles ingresos futuros del fallecido, haciendo distinciones profundas en el “valor” de las víctimas dependiendo de sus salarios.
Y aunque la Legislatura del Estado de Nueva York dio luz verde el año pasado a un cambio en la ley, que amplía el estatuto de muerte por negligencia, al permitir que se presenten demandas basadas en sufrimiento emocional y angustia, y no solo en las pérdidas financieras que significa un fallecimiento para sus parientes, la nueva normativa dejó de respirar al llegar recientemente al escritorio de la gobernadora Kathy Hochul.
La pieza legislativa, conocida como “Ley de familias en duelo”, también ampliaba el tiempo máximo para presentar un reclamo por muerte por negligencia, que es de 2 años, a tres años y medio y ponía a Nueva York a tono con 41 estados que se rigen por esos preceptos.
La mandataria estatal vetó la ley que permitiría la obtención de pagos mucho mayores por accidentes mortales y errores fatales de mala práctica médica, y a pesar de que aseguró entender que el articulado, que contó con un basto apoyo republicano y demócrata, tenía objetivos loables, advirtió que todavía hace falta una evaluación amplia del impacto potencialmente “masivo” que pudiera tener en pequeñas empresas y el sistema de atención médica del Estado.
Hochul teme que la implementación de la ley desborde el incremento en las primas de seguros y afecte a los hospitales que todavía se están recuperando, tras el feroz impacto de la pandemia del COVID-19, pero se mostró dispuesta a que se hagan revisiones en Albany para balancear la normativa.
Organizaciones como la Asociación de Hospitales de Nueva York, tuvieron un respiro con el veto del articulado, y aseguraron que de implementarse la norma, los centros clínicos serían arrinconados “al límite financiero”.
“Muchos hospitales de la red de seguridad ya no pueden pagar un seguro por negligencia y, en cambio, financian sus costos de responsabilidad a través de operaciones”, dijeron en un comunicado.
La coalición “Lawsuit Reform Alliance of New York”, que se opone a la vigencia de la ley, aseguró que de implementarse la norma comenzaría con disparar el seguro de responsabilidad civil para médicos, empresas y municipalidades, que eventualmente afectaría también a los pacientes.
“En una época de inflación obstinada e incertidumbre económica, las familias de Nueva York, los gobiernos locales y nuestro sistema de salud ya sobrecargado no pueden permitirse otro aumento de costos”, manifestó Tom Stebbins, director ejecutivo de la citada organización. “Si este proyecto de ley fundamentalmente defectuoso se convierte en ley, será aún más costoso vivir, hacer negocios y brindar servicios vitales en Nueva York”.
Y sobre el futuro que tendrá ahora el proyecto de ley vetado, impulsado ferozmente por el Caucus Legislativo Negro, Puertorriqueño, Hispano y Asiático, la presidenta del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousin, se mostró optimista sobre retomar la discusión en la actual sesión legislativa, y aclaró que hay opciones en el horizonte de llegar a un acuerdo, pues la Gobernadora “no dijo ‘No hablemos de eso’, por lo que se puede avanzar.
La asambleísta Michaelle Solages, promotora del proyecto, recalcó lo urgente que es que la Ley de familias en duelo se empiece a implementar, entre otras cosas para hacer justicia con comunidades pobres y de color, como la latina.
“Nuestra sociedad podría reconocer que un miembro de la familia es más que un cheque de pago, pero la ley de Nueva York no lo hace (…) ahora somos un caso atípico, ya que solo otros dos estados, Alabama y Delaware, niegan a los sobrevivientes la capacidad de recibir compensación por el dolor y otras pérdidas no económicas”, dijo la legisladora.
La líder política negó el asidero de las voces de diferentes sectores que insisten en que dar vía libre a la norma generaría altísimos costos de primas para los gobiernos locales y hospitales y la industria de seguros.
“Algunos funcionarios municipales están repitiendo como loros los temas de conversación de los cabilderos de las compañías de seguros, lo que consideramos un vergonzoso abandono de sus deberes, pues simplemente hay demasiados ejemplos de personas de color asesinadas injustamente por quienes actúan en nombre de los gobiernos locales en Nueva York como para quedarse de brazos cruzados mientras los funcionarios locales argumentan que una ley les haría tan caro matar a un hombre negro como sería matar a un hombre blanco”, agregó la asambleísta.
La firma de abogados Rosenberg, Minc, Falkoff & Wolff advirtió en un mensaje público que por ejemplo con las muertes negligentes de niños, sus familias “no obtiene dignidad ni daños monetarios según el estatuto obsoleto de muerte por negligencia del estado de Nueva York”, pues los daños en el Estado de Nueva York por la muerte injusta de un niño se basan en una ley obsoleta que valora la vida de un niño en función de la pérdida financiera para los padres o parientes más cercanos”.
La experta firma legal hizo un llamado para que se revierta esa barrera, que en casos como la pérdida de un hijo por muerte negligente, “las demandas se resuelven rutinariamente por cacahuates”, en comparación con la pérdida emocional, el dolor y el trauma de las familias.
“La situación tiene que cambiar”, advirtieron, exigiendo que Nueva York avance de una vez por todas. “Por alguna razón, el estado de Nueva York está atrapado en la época feudal y valora estrictamente la muerte injusta por la pérdida financiera del patrimonio, para el cual realmente no hay ninguna”.
Los defensores de la Legislatura estatal, quienes están listos para dar una nueva batalla para que el articulado por fin vea la luz, aseguraron que los cambios que incluye la ley “no solo abordarían mejor y corregirían de manera más completa el daño a la familia de personas muertas, sino que también disuadirían el comportamiento negligente, imprudente y, a veces, criminal que conduce a muertes innecesarias”.
Asimismo, agregaron que “es irónico y contrario a la política pública que actualmente un malhechor pueda aprovechar la ley que hace que sea más barato matar a alguien que herirlo gravemente”.
Puntos y provisiones de la ley de Familias en duelo
- El representante personal de un difunto a quien le sobreviven los herederos podría presentar una acción para recuperar daños y perjuicios por un acto ilícito o negligencia aduciendo daños emocionales
- Las acciones legales deben iniciarse dentro de un período de 3 años y seis meses de ocurrida la muerte
- Los daños otorgados al demandante pueden ser la suma que el jurado o el tribunal o el árbitro considere justa compensación por los daños resultante de una muerte
- Los gastos razonables de asistencia médica, enfermería y atención incidente a la lesión causante de la muerte y gastos funerarios razonables del difunto pagados por los beneficiarios, o de cuyo pago sea responsable cualquier destinatario, también serán elementos propios del daño
Ejemplos de muertes negligentes
- Accidentes de autos y camiones
- Negligencia médica
- Productos defectuosos
- Accidentes de Trabajo
- Siniestros aéreos
- Accidentes de peatones y bicicletas
- Envenenamientos
- Ahogamientos
