Con la elección del jurado a partir de mañana lunes se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.
El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale (40 kilómetros al norte de Miami) y durará dos semanas, la primera de ella para la selección del jurado.
“Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el gobierno”, dijo a EFE la abogada de la pareja, Marissel Descalzo.
Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales.
Andrade sería el “testigo estrella”, según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales.
En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, quien es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a Guillén y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
El matrimonio, extraditado desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la “enfermera” y el “guardaespaldas” del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer.
Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española.
Fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales.
La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa “transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”.
Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad.
Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.
Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país.
Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría “peligro su integridad”, un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó por ver en este giro “una decisión política, motivada por el apoyo brindado por el Gobierno español” a la oposición.
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