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Será el 1 de julio cuando entre en vigor la ley SB 1718, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que impone castigos a inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden.
Debido a ello, algunas personas de la población hispana o latina están considerando cambios en su vida personal, incluida opciones de vivienda y laboral, dijo Mario Carrillo, gerente de campañas de America’s Voice a The Hill.
“Creo que hay una forma de protesta”, expresó. “Estoy seguro de que hay una sensación palpable de miedo entre la comunidad inmigrante”.
En una conferencia de prensa el miércoles, liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización hispana más grande y antigua de Estados Unidos, emitió una alerta de viaje a Florida, además de que su presidente, Domingo García, advirtió que presentará una demanda contra el estado.
“Creemos que Florida ha cometido varios usos muy crueles, inmorales e injustos con los inmigrantes [al usarlos] como piñatas políticas con el propósito de obtener votos básicamente”, dijo García.
Agregó que el estado se está tornado “peligro y hostil” para estadounidenses y los inmigrantes.
Ana María Hernández, directora de campo en Florida Immigrant Coalition, explicó al podcast “El Diario Sin Límites” que una de las sanciones que más preocupan con la nueva ley es que un delito de tercer grado que una persona transporte a inmigrantes indocumentados al estado.
Eso, agregó, podría poner en peligro a familias con situación migratoria mixta, por ejemplo.
La ley tiene varias exigencias para evitar ayudar a indocumentados, incluido exigir la aplicación del sistema E-Verify para asegurar que la persona tiene permiso laboral, así como preguntar el estatus migratorio de quien sea atendido en hospitales que acepten Medicaid.
En redes sociales, como TikTok y Twitter hay campañas en contra de DeSantis y el estado de Florida, incluido el plan de transportistas, quienes piden dejar de enviar productos a la entidad.
Algunos videos muestran los primeros efectos de la falta de distribución de productos en supermercados, mientras que contratistas en la industria de la construcción y granjeros temen perder fuerza laboral.
Se estima que en Florida viven unos 800,000 inmigrantes indocumentados, quienes serían afectados con la nueva ley, incluidas sus familias.
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