A dos semanas de cumplirse el plazo para aprobar el presupuesto del estado de Nueva York para el año fiscal 2024, todo apunta a un “choque de trenes”, entre la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores demócratas, del ala más progresista. En este caso, la “manzana de la discordia” es la intención de la mandataria estatal de imponer cambios en la controversial Reforma de Ley de Fianzas de 2019.
Hochul está tratando de negociar con los asambleístas y senadores, para cambiar ciertos puntos técnicos de la libertad bajo fianza, para dar “más discreción” a los jueces para mantener detenidos a los sospechosos en casos de delitos graves violentos y delitos menores de alto nivel.
En la opinión de muchos, incluyendo el mismo alcalde Eric Adams, los pequeños comerciantes, y líderes empresariales, la alta tasa de criminalidad que agobia a los neoyorquinos y especialmente el aumento de los robos menores en los comercios, se vinculan directamente con las reformas que suprimieron los castigos para los responsables de delitos menores como hurtos.
Ante esta colosal controversia, 18 legisladores de Nueva York se unieron este miércoles a organizaciones de defensa de los derechos civiles, en una protesta virtual, para anunciar un rotundo “no” a cualquier intención de modificar siquiera alguna letra de una reforma penal, que por el contrario, calificaron como “exitosa”.
“¡No aceptaremos ningún cambio en la reforma! ¡No vamos a ir para atrás! Aquí lo que vamos a discutir es cómo avanzar en más protecciones a nuestras comunidades más vulnerables y mantenerlas seguras”, aseveró la asambleísta colombiana, Catalina Cruz, quien representa a partes de Queens.
El discurso de Cruz fue secundado por otros legisladores hispanos como Gustavo Rivera y Kenny Burgos Rivera de El Bronx, además de Jessica Ramos y Jessica González de Queens.
Las propuestas de “seguridad pública real”
En contraparte, este bloque de asambleístas propone la aprobación de una secuencia de leyes empaquetadas bajo el nombre de “Seguridad Pública Real”, la cual incluye protecciones contra los desalojos arbitrarios, asistencia de alquiler para neoyorquinos sin vivienda, un seguro de desempleo para los trabajadores autónomos y más fondos para las políticas de prevención contra la epidemia de las sobredosis.
Además, exigen más inversiones en programas contra la violencia y apoyo financiero para sobrevivientes de daños causados por las armas.
El fondo de por lo menos seis legislaciones puestas sobre el tapete, son inversiones que serían dirigidas a la clase trabajadora y comunidades de bajos ingresos. En esta fórmula, todo sería financiado mediante el aumento de los impuestos a los billonarios, multimillonarios y las corporaciones más ricas de Nueva York.
“Aquí no se van a invertir fondos en criminalizar a las comunidades. Y mucho menos en enviar más personas a las cárceles, cuando a los contribuyentes les cuesta 500 mil dólares al año mantener a un interno en Rikers island. Tenemos que aprobar leyes que den oportunidades a los neoyorquinos más pobres. Esperamos que en pocas semanas esto se haga realidad”, puntualizó la senadora estatal, Jessica Ramos.
La legisladora Ramos, está presionando para que se apruebe el Programa Puente de Desempleo (UBP), un anteproyecto que cerraría brechas en el sistema de seguro de desempleo, que no incluye a los trabajadores independientes, indocumentados y quienes tratan de reingresar a alguna actividad laboral después de pagar prisión.
El UBP funcionaría en paralelo con el programa de seguro de desempleo del estado y proporcionaría a los trabajadores $1,200 mensuales si pierden el trabajo.
Más de 750,000 trabajadores en todo Nueva York serían elegibles para el programa, incluidos 180,000 trabajadores independientes y autónomos.
Contra los desalojos
En medio de la dolorosa crisis de vivienda asequible y el aumento desproporcionado de las rentas habitacionales, nuevamente los demócratas están tratando que este año pase la ley de protecciones de desalojos por ‘Una Buena Causa’ que facultaría a los inquilinos para impugnar los aumentos de alquiler exorbitantes en los tribunales.
Esta ley exigiría que los propietarios justifiquen los aumentos de alquiler superiores al 3 % o al 150% del índice de precios al consumidor (el que sea mayor). Además, permitiría que los inquilinos luchen contra los aumentos en los tribunales si un propietario intenta desalojar a un inquilino por no pagar el nuevo alquiler más alto.
Si un propietario quiere negar la renovación de un contrato de arrendamiento, deberá estar preparado para justificar la decisión ante un juez.
Más de 1,6 millones de neoyorquinos se beneficiarían por esta legislación, la mitad de todos los inquilinos en el estado de Nueva York y hasta el 75% de los inquilinos en algunos condados, argumentan sus defensores.
Vales para todos
La otra carta que se jugará la bancada demócrata en el “baile” presupuestario de este año, es que se dé luz verde al Programa de Vales de Acceso a la Vivienda (HAVP) el cual establecería un programa de subsidio de alquiler en todo el estado para familias pobres, quienes se enfrentan al desalojo o que enfrentan la pérdida de la vivienda, debido a violencia doméstica o situaciones peligrosas.
HAVP estaría disponible también para los indocumentados y los neoyorquinos con antecedentes penales, los cuales actualmente no son elegibles para este tipo de programas de asistencia de alquiler.
“Hemos hablado con las comunidades. Y es muy duro tratar de entender cómo la gobernadora Hochul se empeña en hacer cambios en la ley de fianzas, para seguir mandando a las prisiones a las minorías. Nosotros tenemos estas leyes, para realmente mantener a las comunidades seguras”, razonó en su intervención el asambleísta Kenny Burgos que representa al Distrito 85 de El Bronx.
Más compensaciones
En este sentido, se hizo referencia al proyecto de Ley de Acceso Justo a la Compensación para Víctimas el cual haría que el esquema actual sea más accesible, al eliminar la interacción policial obligatoria y permitir que los sobrevivientes de delitos tengan más tiempo para buscar fondos después de un daño.
Con base al criterio de los legisladores, el requisito de informar a la policía para la compensación de víctimas afecta desproporcionadamente a los negros, indígenas, personas de color, miembros de la comunidad LGBTQIA+, personas de clase trabajadora, personas discapacitadas, víctimas y sobrevivientes de violencia de pareja e inmigrantes.
Los datos de la Oficina de Servicios a las Víctimas (OVS), que administra la compensación a las víctimas, muestran que desde principios de 2015 hasta finales de 2019, era más probable que a los hombres negros se les negara la compensación, debido a la “falta de cooperación” con las fuerzas del orden.
Por su parte, el senador puertorriqueño Gustavo Rivera llamó a convertir el presupuesto que en semanas debe aprobarse, en una nueva oportunidad para proteger a los más vulnerables, no en abrir más caminos para que terminen expuestos al sistema de justicia criminal.
“Rechazaremos cualquier propuesta para reactivar políticas de criminalización fallidas. Nosotros ya perdimos la guerra contra las drogas. La crisis de sobredosis por opioides, es una crisis de salud pública. Es por eso que estamos llamando a invertir más fondos para los Centros de Prevención de Sobredosis”, indicó.
¿Qué quiere cambiar Hochul?
La reforma de la ley de finanzas eliminó desde enero de 2020 la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y delitos graves no violentos.
En resumen, se logró que los jueces consideren la capacidad de pago de una persona en los casos en que se establece una fianza. El objetivo era reducir el encarcelamiento previo al juicio que afecta desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas.
De allí en adelante, se despertó una serie de señalamientos, los cuales coincidieron con un alza en los crímenes y robos.
Por un lado, se asocia esta ola criminal con el relajamiento de las leyes que ya no castigan con prisión preventiva a quienes cometan delitos calificados como menores. Y por otro, los defensores de la reforma argumentan que no hay razones para asociar esta tendencia con los ajustes a la forma cómo se administra la justicia penal.
Pero ¿Cómo quiere específicamente la gobernadora cambiar las leyes de libertad bajo fianza este año?
Para los casos elegibles para fianza, Hochul propuso en su plan de presupuesto, eliminar una medida en la ley que requiere que los jueces, en el momento de la lectura de cargos, impongan los medios “menos restrictivos” para garantizar que el acusado regrese a la corte.
La mandataria cree que su plan aclarará la confusión en esta reforma, particularmente al eliminar una cláusula que requiere que los jueces impongan las condiciones de liberación “menos restrictivas”, para garantizar que un acusado comparezca ante el tribunal. A su criterio esto ha sido interpretado de manera diferente por los jueces en todo el estado.
Los defensores de la reforma opinan que esos cambios son un “ataque a los derechos civiles de los acusados.”
Republicanos: “Demócratas extremos causan caos”
Aunque la minoría republicana de la Asamblea Estatal, tendría muy poco peso en el giro que tome la ley de presupuesto de Nueva York, a través de varios comunicados sus portavoces han dejado claro que “incluso cada vez más demócratas, están apostando a la seguridad pública”.
Entre los que han hablado en nombre de los republicanos del Senado, se encuentra el senador Tom O’Mara, quien representa a los condados de Séneca y Yates.
El legislador acusó en medios locales a “las mayorías demócratas izquierdistas extremas del sur del estado de disminuir la responsabilidad penal, causando caos en nuestras calles”.
Además, O’Mara criticó que la legislación ‘Raise the Age’, que cambió la edad en que un adolescente puede ser procesado como adulto a los 18 años, ha resultado en tasas de delincuencia juvenil más alta.
“Estamos viendo las consecuencias de no tener consecuencias.”, acotó.
En este sentido, el asambleísta Phil Palmesano de Corning sentenció que Nueva York es el único estado en el país, que no permite la discreción judicial para considerar la peligrosidad de un individuo antes de liberarlo.
“Este es un error judicial y pone a todas nuestras familias y comunidades en mayor riesgo de violencia por parte de los delincuentes reincidentes”, remató.
El Dato:
$227 mil millones es el monto total del plan de inversiones de la gobernadora Kathy Hochul para el próximo año fiscal, el cual deberá ser aprobado por la Asamblea Estatal antes del 1 de Abril.
