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Familiares de 66 personas detenidas en la remota zona del Bajo Lempa, denunciaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “violación sistemática” de sus derechos.
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal, informó en una conferencia de prensa de que presentaron la denuncia el 7 de marzo en representación de los familiares de los detenidos, que defienden su inocencia y niegan que poseen vínculos con las pandillas. Afirmó que se trata de 66 “detenciones arbitrarias” y que “son una muestra de los casos que han ocurrido en las comunidades”, dado que “hay más casos”.
“A las personas detenidas se les han violado varios derechos de la Convención Americana”, dijo el letrado y detalló que uno de ellos es la libertad personal, dado que “hay una práctica arbitraria de detenciones sin investigación previa y sin fundamento”. Lamentó que en el marco de este régimen de excepción “no ha habido oportunidad de que los jueces sean independientes para valorar darles medidas” alternas a la detención. Otra garantía que, de acuerdo con Cristosal y los familiares de los detenidos, se ha violado es el debido proceso.
Bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, que se acerca a cumplir un año de vigencia y se ha ido prorrogando por términos de 30 días, se suspenden garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos y se amplían los plazos de la detención.
Son más de 65,000 detenciones las que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha informado y de las que más de 3,300 personas se han liberado, aunque organizaciones humanitarias señalan que se han dejado bajo libertad condicional.
Familiares niegan relación de sus familiares detenidos con las pandillas
Con las fotos de sus familiares y con la consigna de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, unas 50 personas pidieron, durante la conferencia de prensa, la libertad de los detenidos que no tienen relación con las pandillas.
Osvaldo Ortiz, quien afirma que su pareja es maestra y fue detenida por las autoridades, indicó que como Comité de Familiares Víctimas del Régimen del Bajo Lempa “no estamos en contra de que se combata el crimen, pero estamos pidiendo que se haga bajo procesos legales establecidos”.
Mirna Reyes, cuyo esposo e hijo llevan detenidos varios meses, dijo que acudieron a la CIDH a raíz de que “hemos agotado los recursos” en el país centroamericano y “no se ha logrado” que las autoridades les escuchen.
De acuerdo con un seguimiento del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), son más de 3.500 habeas corpus, con solicitudes de liberación, los que no ha resuelto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el marco del régimen de excepción.
“Nuestros familiares, esposo e hijos no tienen vínculos con pandillas”, por eso “andamos con toda solvencia, con toda libertad”, dijo Reyes. Lamentó que su esposo en algún momento “casi pierde la vida” a manos de las pandillas y que ahora es “víctima del Gobierno”. Estela Martínez, de 78 años y cuyo hijo sigue detenido y que al igual que el resto de familiares no lo ha visto, sostuvo que si el recurso ante la CIDH no tiene respuesta “seguimos adelante”, porque “no me voy rendir”.
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