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El Gobierno del presidente Joe Biden está pidiendo a la Corte Suprema revocar una decisión del Noveno Circuito que anula una ley que penaliza a las personas por alentar la entrada irregular de personas a Estados Unidos.
El argumento del Departamento de Justicia es que los jueces del Tribunal de Apelaciones se basó erróneamente en la Primera Enmienda.
La acción de la Administración Biden ocurre luego de que en diciembre pasado el Máximo Tribunal aceptara retomar la ley federal que convierte en delito penal fomentar la inmigración de personas sin documentos.
El fallo del Noveno Circuito anuló parte de la condena de un hombre de California, Helaman Hansen, que había sido procesado conforme a la ley sobre la supuesta promoción de inmigración de indocumentados.
Este debate es similar al Corte Suprema escuchó en 2020, pero no resolvió, en una de las últimas opiniones de la jueza Ruth Bader Ginsburg.
El Gobierno federal acusó a Hansen de engañar a los inmigrantes indocumentados entre 2012 y 2016 al prometerles que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de “adopción de adultos”.
El argumento de Hansen es que esos inmigrantes podrían operar desde su negocio con sede en Sacramento.
La acusación indica que se engaó al menos a 471 personas para que se unieran a su programa, cobrándoles a cada uno hasta $10,000 dólares.
Uno de los principales problemas es que el programa de “adopción de adultos” no permitía conseguir la ciudadanía.
Hansen fue condenado en 2017 por violar las disposiciones de la ley federal que prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a viajar a EE.UU. en forma irregular.
El hombre fue sentenciado a 20 años de prisión por promover el ingreso y la residencia irregular de indocumentados, además de fraude postal y fraude electrónico.
El Noveno Circuito dictaminó en febrero del 2022 que la ley es demasiado amplia y criminaliza incluso la Primera Enmienda, es decir, la libre expresión, aunque se incite a una conducta irregular.
El Noveno Circuito confirmó las otras condenas de Hansen, pero ordenó que se volviera a sentenciar sobre la acusación central.
En medio de la crisis migratoria que se enfrenta en EE.UU., la Administración Biden instó a la Corte Suprema a escuchar el caso y culpó a la corte de apelaciones por invalidar la ley.
“[Es una] herramienta importante para combatir las actividades que exacerban la inmigración ilegal”, argumentó el Departamento de Justicia.
En el caso previo, la Corte Suprema había atendido el proceso United States v. Sineneng Smith, acerca del enjuiciamiento penal de Evelyn Sineneng-Smith, una consultora de inmigrantes de San José, California, condenada por violar el estatuto que penaliza alentar o inducir a un extranjero a ingresar y permanecer en los EEUU como indocumentado.
Se espera que haya un nuevo fallo en junio de este año.
