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Suministrada CASA / Cortesía
Luego del impacto que la pandemia del COVID-19 tuvo en las finanzas de familias de bajos recursos, gran parte de ellos latinos e inmigrantes, los procesos de desalojo aumentaron en la Gran Manzana, y actualmente 17,000 inquilinos que están peleando sus casos en las cortes, no cuentan con el apoyo de abogados, lo que los pone en mayor riesgo de terminar en la calle.
El panorama es más delicado en los condados de El Bronx y Brooklyn, que cuentan con de 12,000 inquilinos echados a su suerte en materia de asesoría legal, mayormente negros e hispanos.
Así lo evidenció un nuevo reporte de la organización ANHD (Association for Neighborhood & Housing Development) y la Coalición de datos de vivienda, que monitorean la crisis de desalojo en los cinco condados.
Dentro de sus hallazgos revelaron que además de negársele el derecho a un abogado a dos tercios de los neoyorquinos que están con procesos de vivienda en los tribunales, desde que cesaron las protecciones de desalojo por el COVID, en enero pasado, 2,500 familias de la ciudad de Nueva York han sido desalojadas.
En su informe, los defensores de los inquilinos aseguran que los datos evidencian la falta de protecciones de desalojo, justo cuando los tribunales están manejando los procesos de manera acelerada con la falta de suficientes abogados para representarlos, negándoles a los arrendatarios un derecho municipal.
El informe aseguró que cuando el plan de asesoría legal gratuita a inquilinos (RTC) estaba en plena vigencia, “los desalojos se desplomaron, los propietarios demandaron menos a los inquilinos y el 84 % de los inquilinos que tenían derecho a un abogado” pudieron continuar en sus casas.
“Negar a decenas de miles de inquilinos la herramienta más poderosa que tienen en los tribunales para defender sus hogares, especialmente en este momento de la historia, es un acto flagrante de injusticia y discriminación por parte de las cortes”, advirtió el informe, donde se hizo un llamado al alcalde Eric Adams y al Concejo Municipal para invertir en el programa de abogados, a fin de proteger y defender a los inquilinos.
Randy Dillard, líder de la organización CASA y miembro del Comité directivo de la Coalición del Derecho a los Abogados de la Ciudad de Nueva York, destacó el poder que tiene proteger el derecho a un abogado para mantener a los inquilinos en sus hogares.
“Es devastador ver cómo los tribunales simplemente ignoran la ley. Estos números son impactantes y molestos. Y no son solo números, son inquilinos, familias y nuestros vecinos. No puedo creer que los gobiernos de nuestra Ciudad y Estado permitan que los tribunales nieguen a los inquilinos un derecho que tienen garantizado en la ley”, dijo la activista. “Hago un llamado a los tribunales y a nuestros oficiales electos para que detengan esto ahora. A ningún inquilino más se le debe negar el (derecho) RTC”.
Lucy Block, de la Asociación para el Desarrollo de Vecindarios y Viviendas (ANHD), se sumó al llamado a que se garantice el derecho a que los inquilinos en procesos en las cortes cuenten con la representación de defensores públicos.
“Desde que las protecciones de desalojo terminaron el 15 de enero, los miembros y socios de ANHD han hecho sonar las alarmas sobre el hecho que los desalojos están avanzando sin que los inquilinos obtengan el derecho a abogados”, aseguró la defensora. “Simplemente no hay suficientes proveedores para mantenerse al día con el ritmo que los tribunales están programando los casos, lo que significa que los tribunales están negando a los inquilinos un derecho por el que el movimiento de inquilinos luchó tanto por asegurar”.
Marika Dias, directora deneral del Proyecto de Red de Seguridad del Centro de Justicia Urbana, aseguró que en los tribunales de vivienda de la ciudad, los inquilinos más afectados son los de color.
“Deberían tener abogados de inquilinos a su lado, presentando defensas críticas, asegurando reparaciones, abordando los sobrecargos de alquiler y poniendo fin al acoso de los propietarios y en cambio, la mayoría de los inquilinos se ven obligados a avanzar en sus casos sin un abogado, muchas veces sin comprender sus derechos ni defensas” , destacó la activista. “Al negar a los inquilinos el acceso al derecho a un abogado, nuestros tribunales están eligiendo priorizar las ganancias de los propietarios sobre las viviendas de los inquilinos, están eligiendo los desalojos y la falta de vivienda en lugar de mantener a las personas con una vivienda segura”.
