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Un proyecto de ley ante el Congreso busca que los niños migrantes tengan mejor asesoría legal y, sobre todo, que se asegure el debido proceso ante cortes.
La Ley de Financiamiento de Abogados para Procedimientos de Remoción de Indigentes (FAIR, en inglés) fue presentada por los legisladores Donald McEachin (Virginia) y Zoe Lofgren (California).
Con dicho proyecto se busca que se proporcione asesoría legal a para niños inmigrantes, personas con discapacidades, víctimas de abuso, tortura y violencia, así como personas que viven por debajo del 200% del nivel federal de pobreza.
“Contrariamente a las garantías constitucionales estadounidenses en casos penales, las personas sujetas a procedimientos de deportación en casos de inmigración no tienen derecho a un abogado”, dice un comunicado conjunto de los legisladores.
Si la la ley se promulga se garantizaría que el Gobierno proporcione un abogado a esas personas.
“Como exabogado, creo que las personas vulnerables deberían tener acceso a un abogado durante audiencias”, consideró McEachin. “Es inconcebible que los niños, las víctimas y las personas con discapacidad se queden sin representación legal durante procedimientos tan impactantes”.
La representante Lofgren, quien ha patrocinado otras leyes de inmigración, también destacó la importancia particular de este proyecto.
“Los niños inmigrantes y las personas vulnerables, como los solicitantes de asilo, deben recibir justicia en los Estados Unidos. Este proyecto de ley ayudaría de manera importante a reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración, ahorraría dinero al gobierno y garantizaría que se protejan los derechos de debido proceso de los niños”, consideró.
El proyecto de ley contribuiría en agilizar los procesos judiciales y reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración, se insiste, debido a que un abogado puede guiar a las personas involucradas en procesos ante tribunales, mantenerlos bien informados, preparados y comprenden mejor los procedimientos.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) celebró el proyecto de ley.
“Es sorprendente que hoy en día, los tribunales de inmigración aún no garanticen representación legal para las personas más vulnerables: niños, solicitantes de asilo y aquellos que son demasiado pobres para pagar un abogado y que enfrentan la deportación”, dijo Greg Chen, director sénior de Relaciones Gubernamentales de AILA.
