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Durante esta semana la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) aseguró que durante la gestión del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, los inmigrantes han sido utilizados como una herramienta de uso políticos. Además la organización denuncia que la postura de DeSantis ante el flujo migratorio se ha caracterizado por favorecer al odio y la discriminación hacía las personas extranjeras que llegan al estado sur.
El director de Políticas de la organización señaló a la agencia de noticias de EFE que el gobernador de Florida no se alinea con las ideas sobre la migración planteadas por el presidente, Joe Biden. Incluso DeSantis ha sido señalado de promotor de la xenofobia. Recientemente el gobernador DeSantis anunció varias propuestas fijarían importantes restricciones a las oportunidades profesionales y educativas para los inmigrantes.
Según la propuesta DeSantis pretende que los legisladores estatales deroguen una ley estatal que permite que los hijos de inmigrantes indocumentados obtengan tasas de matrícula universitaria estatal. En ese mismo pronunciamiento, el mandatario estatal señaló que Biden es el responsable de la situación precaria en la frontera sur con México.
Temores en Florida
Varias organizaciones de inmigrantes expresaron en febrero su preocupación por la reciente campaña en Florida contra los inmigrantes, lo que pudiera traer detenciones motivadas por el perfil racial el estado. Sumado a eso, el temor de ser trasladados del estado es recurrente.
Esto ocurre luego de que DeSantis pusiera sobre la mesa la ley SB 6B que bajo este programa el gobernado envió en septiembre por avión a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, que habían cruzado desde México para solicitar asilo en Estados Unidos desde San Antonio, Texas hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
En ese sentido, el gobernador fue demando por esta propuesta pero ganó la disputa en el tribunal de Florida, luego de que el juez del condado de Leon desestimara la demanda de un senador demócrata sobre el uso de recursos públicos para el traslado de inmigrantes a Martha’s Vineyard.
La preocupación de esta ley también es llevada al entorno económico ya que para la Ley SB 6B se necesitan $10,000.000 de dólares de fondos públicos, uno de los aspectos de la propuesta que ha sido rechazado.
